Comunicado público Red de Medios de los Pueblos: Defensa a Mapuexpress por querella criminal

.

Comunicado público Mapuexpress sobre querella criminal


 
Nuevamente vemos amenazado nuestro trabajo como medio de comunicación y colectivo debido, esta vez, a una querella por injurias. A través de este comunicado, queremos dejar constancia que, aunque la acción va dirigida a uno de nuestros miembros, asumiremos una defensa conjunta. Para nosotros/as este proceso no tendrá otro objetivo que reforzar nuestro trabajo en defensa de los derechos colectivos de los pueblos en particular el del pueblo mapuche. Por lo tanto señalamos:
Kiñe: Recientemente fuimos notificados que somos objeto de una querella criminal de acción penal privada, que busca criminalizar nuestro quehacer comunicacional sosteniendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad, invocándose transgresiones de conformidad a los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo 29 ley 19.733 Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
Epu: La acción penal atenta contra uno de nuestros integrantes en calidad de “autor”, solicitándose una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, una multa de 150 unidades tributarias mensuales, más costas. Sin embargo, este hecho lo asumimos conjuntamente como colectivo de comunicación social, ya que afecta nuestro ejercicio en el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.
Küla: Cabe mencionar que la acción penal que busca criminalizar el quehacer informativo de Mapuexpress, sucede en el marco de los conflictos territoriales a causa de proyectos de inversión de energía, particularmente hidroeléctricos. En ese contexto familias, comunidades, dirigentes/as y autoridades tradicionales de Rupumeica en Lago Ranco y Maihue en Futrono y de varias representaciones de la zona williche en la Región de los Ríos en contra de una hidroeléctrica. Ellos emitieron un comunicado público que fue publicado en el sitio Mapuexpress, el que emplazó y criticó a funcionarios y consultorías vinculadas al Ministerio de Energía, CORFO y Banco Interamericano de desarrollo, siendo finalmente un consultor quien presenta la querella. Más allá de los problemas que nos pueda acarrear esta querella, sostenemos que seguiremos construyendo en conjunto con estos sectores que ocupan su legímito derecho a la defensa del territorio.
Meli: El sitio informativo Mapuexpress tiene más de 17 años de existencia y es administrado por un colectivo, cuyas/os integrantes son parte directa de organizaciones mapuche e interculturales, principalmente sobre las realidades en Wallmapu (centro sur de Chile y Argentina) y muy especialmente sobre los conflictos que la industria extractiva y de energía. A mismo tiempo nuestro sitio web es una tribuna activa para comunidades y organizaciones que se oponen a este modelo de desarrollo. Obviamente una querella de estas características no detendrá nuestro trabajo por la defensa de los derechos colectivos y los territorios, sino más bien, reafirma la importancia que tiene nuestro trabajo como tribuna y espacio de articulación.
Kechu: Informamos que asumiremos colectivamente la defensa judicial en este caso que se considera injustificado, cuya audiencia de preparación de juicio está programada para el día jueves 27 de julio a las 11 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Temuco.  Invitamos a kom pu wenüy, compañeros y compañeras, a acompañarnos en ese proceso
COLECTIVO INFORMATIVO MAPUEXPRESS
 14 de julio del 2017.


La Red de Medios de los pueblos extiende este comunicado en apoyo explícito al Colectivo Editorial Mapuexpress quienes han sido notificados recientemente de una querella criminal de acción penal privada en contra de uno de sus integrantes.
Mapuexpress lleva 17 años informando sobre el conflicto del pueblo mapuche con las grandes forestales y el Estado y ha sido un permanente apoyo para las comunidades que luchan por la defensa territorial.
Por este motivo, los medios y comunicadores que más abajo firman, sostienen que:
1-. Arguyendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad, amparado en los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo 29 ley 19.733 de la Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, esta acción busca criminalizar a Mapuexpress, su hacer comunicacional y a los comunicadores comunitarios que sostienen este medio de comunicación.
2-. Consideramos que este no es un hecho aislado pues esta acción se suma a múltiples allanamientos a radios comunitarias y juicios similares contra medios de comunicación comunitarios y comunicadores populares que año tras años se acumulan en el historial del silencio. Además, esta acción jurídica pretende tipificar el acto comunicativo como un crimen, con el agravante de que está individualizado en una persona y no en el colectivo que es la forma como Mapuexpress funciona. Esto es atentatorio contra el Derecho a la Comunicación, a la Libertad de Expresión y un reflejo de la desprotección jurídica y legislativa que tienen actualmente los medios comunicación comunitarios, populares, alternativos o libres.
3-. Esto, más parece ser una estrategia para acallar voces disidentes, pues Mapuexpress justamente es una voz a favor de comunidades que luchan por sus territorios que se ven amenazados por megaproyectos industriales, tanto energéticos, como forestales o de acuicultura. En este caso, la querella está vinculada a un conflicto energético.
El caso es que opositores a proyectos energéticos del territorio de Rupumeica-Maihue, comuna de Ranco, región de los Ríos, emitieron un comunicado que fue publicado en el sitio de Mapuexpress. En su contenido, éste emplazaba y criticaba a funcionarios y consultorías vinculadas al Ministerio de Energía, la Corfo y el BID. Siendo, justamente un consultor quien presentó la querella.
4-. La Red de Medios de los pueblos y quienes firman este comunicado llevamos años en la lucha por que se abran las anchas alamedas de las comunicaciones, que se liberen los espacios, que se termine con la discriminación a los medios de comunicación comunitarios y que, en definitiva, se democratice la comunicación, y esta acción atenta contra el Derecho a la Comunicación y a la Información.
Por eso, acompañamos y apoyamos a Mapuexpress para que pueda seguir en la comunicación libre y soberana de los pueblos.
Red de Medios de los Pueblos
Comunicadores
Arnaldo Pérez Guerra, historiador y periodista de Revista Punto Final
Rodrigo González, Radio Konciencia
Manuel Arismendi Poblete
Antonia Orellana
Tania Muñoz
Erick Valenzuela
Javier Karmy Bolton
Medios
Liberación Ahora
Colectivo Ecologista Aire Puro
El Itihue
Programa radial “Que el Pueblo Viva”, Radio Comunitaria Juan Gómez Millas.
El Irreverente
El Diario de Laguna Verde
Programa Kontrababylon
Radio Newén
La Voz de Paine
Radio Placeres
Agencia de Noticias Medio a Medio
El Puelche
Radio Kurruf

FOTOPRESS NOTICIA
Radio Villa Olímpica

19 de julio del 2017.

Chile; La posverdad de los crímenes en Sename 

Armando Romero

Aitue Noticias


En  los últimos tiempos ha cobrado popularidad el concepto de la posverdad que denota “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. 
Para el ministro de Justicia Campos, los 1310 niños muertos en los centros de Sename, es una caricatura emocional de una realidad, que el gobierno de Bachelet al ejercer presión en el Parlamento, para proteger a la ex ministra Javiera Blanco. El rechazó al informe de la comisión 2 Sename, busca evitar reconocer la responsabilidad del Estado.
Pensándolo bien, en Chile deberíamos invertir las palabras y hablar de la verdad post o la verdad a posteriori. 
No se trata de apelar a los sentimientos de las personas para reforzar sus creencias o para inculcar una mentira, sino simplemente de engañar a los gobernados haciéndolos creer que las cosas funcionan de acuerdo con las normas que, supuestamente, rigen el ejercicio del poder. Se trata de que vivimos engañados hasta que un “accidente” saca a la luz pública la verdad.


El ministro Campos pretende hacer creer que no hay que preocuparse, por los crímenes de niños de Sename.
Presumimos que hay funcionarios con la responsabilidad directa de supervisión, de velar por la protección de los menores y cumplir con la responsabilidad del Estado en el cuidado de los niños.
Presumimos que en el Parlamento, los diputados cumplen con su rol de fiscalizar, a las empresas eléctricas, en el cumplimiento de los derechos, de los clientes. 
Presumimos que el Servicio de Impuestos Internos, cumple con su rol fiscalizador en igualdad de condiciones.
Presumimos que los negocios y la política están separados ,que la Fiscalía es imparcial al momento de investigar y formalizar, en igualdad ante la ley.
Presumimos que a los usuarios de las autopistas  se les escucha cuando alertan a la autoridad sobre los problemas que perciben, pero resulta que se les ignora.
Lo más triste es que, aun cuando la verdad a posteriori se revela en toda su extensión, las mismas prácticas siguen en pie. Los partidos seguirán coludido por el poder, los empresarios continuarán en sus malas prácticas institucionales. La mayor banda criminal organizada, funcionarios del Estado que uno presumía que eran los garantes, de la seguridad pública y justicia. 

La verdad a posteriori nos revela, que en Carabineros de Chile operaban delincuentes, con la impunidad de la institución.

El otro insulto es a los chilenos, porque una vez más no habrá mayores consecuencias y las cosas seguirán como siempre. El engaño prevalecerá hasta que por un error la verdad aparezca. Y así, todos los días y en todos los ámbitos. 
Presumimos que la Presidenta Bachelet, está preocupada por los miles de hogares, que han permanecido días sin suministro eléctrico. La verdad a posteriori es el silencio cómplice de toda la clase política. 
Los crímenes de niños en los hogares del Sename, no son una cifra estadística o como señala el ministro Campo, una posverdad. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad, el Estado es responsable…Para la Presidenta es una caricatura, se pretende eludir las responsabilidades.

Uruguay; comenzó la venta de marihuana en farmacia

.


Armando Romero

TV AITUE NOTICIA 

Al menos 5.000 personas se han inscrito en el preceptivo registro de consumidores y podrán adquirir un máximo de 40 gramos al mes. La mayoría de los uruguayos ven con desconfianza el registrar sus datos.
Desde este miércoles 19 de julio, el gobierno habilitó la venta de marihuana en farmacias. Estos son los 16 lugares en todo el país donde se podrá adquirir en dos versiones, Alfa I y Beta I.
Con el inicio de la venta en farmacias, ha llegado la fase más interesante de la legalización de la marihuana en Uruguay, un proceso único en el mundo que incluye tanto la producción como la venta del cannabis. Solo 16 farmacias han aceptado expender esos pequeños sobres de 40 gramos, pero después de tantos años de atraso (la ley se votó en 2013), el arranque de la operación constituye todo un éxito para los promotores de la iniciativa.
Para comprar marihuana en farmacias es necesario ser mayor de 18 años, tener ciudadanía uruguaya legal o natural o con residencia permanente debidamente acreditada y estar inscrito en un registro de adquirentes. Quienes estén registrados para comprar la droga en farmacias no podrán formar parte de un club cannábico ni ser autocultivadores.

Según el último dato actualizado por el Ircca el 16 de julio, hay 4.959 adquirentes, 6.948 autocultivadores y 63 clubes.
Se pondrán a la venta dos: índica y sativa, que llevarán el nombre Alfa I y Beta I, respectivamente. La primera tiene un efecto psicoactivo a nivel físico, la segunda se manifiesta a nivel cerebral. Según explicó el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, la índica suele estar vinculada a la meditación y la quietud, mientras que la sativa a la creatividad y actividades más extrovertidas.

Aquellos que estén inscritos como adquirentes de marihuana en farmacias podrán comprar hasta 10 gramos por semana (40 al mes). El costo de cada paquete (en presentación de 5 gramos) será de US$ 6,5 ($ 187). Además, el Ircca prevé incluir presentaciones de 10 gramos en el futuro.
A partir de este miércoles los consumidores de marihuana con fines recreativos verán completa las tres formas de acceso a la droga prevista por la ley: dispendio en farmacias, autocultivo y clubes cannábicos. Sin embargo, aquellos que busquen marihuana por razones terapéuticas –porque tienen cáncer, esclerosis múltiple, párkinson, etc.– no podrán acceder al producto que aún está a estudio del Ministerio de Salud Pública. Por eso, deben seguir comprándolo en el exterior a US$ 250 los 100 mililitros.

El uso de armas químicas por parte de las policías

.

El gas lacrimógeno es un tipo de arma química. Aunque su uso está prohibido para la guerra desde 1993 por la Convención de Ginebra, a nivel doméstico países de todo el mundo lo usan para controlar a la población civil durante protestas y disturbios.
En años recientes ha sido utilizado por la policía y el ejército para dispersar a multitudes en lugares tan diversos como Egipto, Estados Unidos, Hong Kong, Turquía, Bahréin, Chile, México y  Venezuela.

    ¿Por qué los gases lacrimógenos se usan para dispersar protestas pero están prohibidos en las guerras?
En general se considera un arma incapacitante no letal, pero ¿qué efecto tiene sobre la salud de las personas?



 Aunque parece contradictorio el gas lacrimógeno a temperatura ambiente no es un gas, sino un sólido.
El compuesto químico en la mayoría de las bombas de gas lacrimógeno usadas por la policía antidisturbios es el clorobenzilideno malononitrilo, también conocido como CS en honor a los científicos estadounidenses que lo descubrieron, Ben Corson y Roger Stoughton.
Los síntomas empiezan unos 20 o 30 segundos después de la exposición y se estima que el área de dispersión de una bomba va desde los 60 a los 300 metros cuadrados.
Una exposición aguda al CS resulta en “una irritación instantánea de los ojos, la nariz, la boca la piel y las vías respiratorias”.
En una reevaluación epidemiológica del gas publicada en 2016 en la revista Annals of the New York Academy of Sciences, Cragi Rothenberg y su equipo exponen en detalle cómo el gas afecta a cada parte del cuerpo.
Los efectos sobre la piel incluyen: picor, ardor, enrojecimiento y potencialmente dermatitis alérgica por contacto y ampollas.
La exposición ocular puede resultar en lacrimación, parpadeo involuntario, picor y sensación de ardor.
Y cuando se inhala, el gas suele causar tos, sensación de ahogo, salivación y opresión en el pecho.
Según la revista científica BBC Focus, en particular el CS afecta a los canales iónicos que están presentes en los nervios sensoriales de la nariz y el rostro. Estos canales iónicos son proteínas que actúan como compuertas frente a los estímulos.
Y la estimulación excesiva de esos nervios provoca una producción repentina de lágrimas y mocos, así como dolor urticante.
Normalmente estos síntomas se alivian unos 10 minutos después de que la persona respira aire limpio.

¿Y los efectos ante una alta exposición?


Pero si las personas están expuestas a una mayor concentración de gas lacrimógeno los efectos sobre la salud pueden ser más severos.
Cuando las fuerzas de seguridad utilizan el gas en espacios pequeños o cerrados, como por ejemplo en prisiones, las personas estén expuestas al agente tóxico en mayor concentración y durante más tiempo.
Algo similar ocurrió durante las protestas en Egipto de 2011, cuando los agentes de seguridad lanzaron bombas de gas lacrimógeno repetidamente en una estrecha calle cercana a la famosa plaza de Tahrir.
Una gran exposición al gas lacrimógeno, por concentración o cercanía, puede causar vómitos, diarrea, y según el estudio de Rothenberg, quemaduras en la piel y daños oculares graves, como edema estromal de la córnea o un desgarro conjuntival, entre otros males.


También se han reportado heridas graves y muertes a causa del lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno que impactan muy cerca o directamente sobre las personas, causado heridas severas en la cabeza y los ojos así como quemaduras,según la evaluación liderada por Rothenberg.
En años recientes hemos visto el uso del gas lacrimógeno durante protestas en lugares tan diversos como El Cairo, Fergusson, Hong Kong, Bahréin o Caracas.

Aunque el CS es el tipo de gas lacrimógeno comúnmente utilizado por las fuerzas de seguridad, existen otros gases considerados lacrimógenos que si bien tienen los mismos efectos básicos se consideran más tóxicos.
El conocido como CN es un precursor del CS. Su compuesto químico se llama cloroacetofenona y aunque causa efectos similares al CS se considera “significativamente más severo y potencialmente letal”. Además de causar más lacrimación también puede generar daños graves sobre la piel.
Por otro lado el gas CR, cuya base es la dibenzoxazepina, es hasta seis veces más potente que el normalmente utilizado por las fuerzas de seguridad.
Fue desarrollado por el Ministerio de Defensa de Reino Unido para el control de disturbios a finales de la década de los 50. En Estados Unidos el CR está prohibido porque puede causar cáncer. En otros países su uso no está regulado pero es difícil probar cuándo se utiliza.
Además de los efectos del CS exacerbados causa una irritación en la piel intensa, ceguera temporal, y pánico ante las dificultades respiratorias. En el pasado se vinculó a muertes en varios países. El CR puede permanecer activo en las superficies durante varias semanas.

¿Tiene el gas lacrimógeno efectos a largo plazo?

El CS es el tipo de gas lacrimógeno comúnmente utilizado por las fuerzas de seguridad.

En Chile la Policía militarizada de Carabineros, se ha caracterizado por el uso indiscriminado de químicos, mezclando con agua, usadas a gran presión en los carros, lanza agua. 
Algunas encuestas en Turquía tras manifestaciones prolongadas en las que se usó gas lacrimógeno indican que algunos de los síntomas, como la tos persistente, el dolor en el pecho, las dificultades para respirar o la secreción nasal continuaron en algunos casos durante varias semanas después de la exposición.
Los efectos respiratorios también se observaron en los residentes de las zonas donde se usó el lacrimógeno, “lo cual sugiere que los agentes del gas representan un peligro para la salud y el ambiente”, según la evaluación de Rothenberg.
Sin embargo, no existen estudios grandes y fiables al respecto.
Según los académicos muchas de las investigaciones sobre los efectos del gas lacrimógeno sobre la salud fueron hechos en laboratorio o con grupos pequeños de individuos sanos y en situaciones controladas.
Además, las condiciones de la vida real en las que se utiliza el gas lacrimógeno hacen muy difícil conducir eficazmente un estudio epidemiológico.
Por otro lado, señala Rothenberg en su evaluación, hay una carencia de fondos públicos para hacer este tipo de estudios y las investigaciones realizadas por varias organizaciones militares constituyen material clasificado.
“Las evidencias de los pocos estudios epidemiológicos disponibles y de casos particulares de estudio demuestran que los agentes de los gases lacrimógenos tienen el potencial de causar daños graves y que presentan amenazas específicas para la población vulnerable, como niños, mujeres e individuos afectados por enfermedades respiratorias, cutáneas y cardiovasculares”, dice el documento.
Además de más investigaciones sobre sus efectos en la salud, una de las recomendaciones que hacen los académicos es el establecimiento de un mecanismo para poder rastrear las bombas de gas, y registrar el número, volumen y lugar donde son utilizadas. 

Piñera su prontuario inmaculado 

  • Miguel Juan Sebastián Piñera, un pasado que refleja, su impronta de delincuente de cuello y corbata…El problema de Sebastián es que siempre lo pillan”, declaró hace años Hermógenes Pérez de Arce. A la luz de los hechos de Exalmar y Minera Dominga.


    Uno de los episodios que más se le enrostran al ex presidente. El 28 de agosto de 1982 el juez Luis Correa Bulo ordenó el arresto de Sebastián Piñera Echeñique por fraude contra el Banco de Talca. En la orden se detallaba que Piñera había sido autor de infracciones a la Ley General de Bancos, a la vez que era cómplice por cargos de estafa contra accionistas minoritarios.

    Piñera hace de la mentira un arte del engaño, en declaraciones a los medios de prensa ha señalado, que jamás fue cercano a Pinochet. 

    La CIA (documentos desclasificados) en recopilación de antecedentes y un análisis de antecedentes sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975,1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982.
    En el Informe señala que el patriarca del clan Piñera, don José Piñera Carvallo, era colaborador de la CIA desde 1965, y que José Piñera Echeñique, hermano de Sebastián, quien se desempeñó como Ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura, desde donde impulsó el Plan Laboral y la reforma provisional que introdujo el sistema de capitalización individual, y como Ministro de Minería, desde donde perpetró la segunda desnacionalización del cobre, era a la vez colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet.

    El legado familiar de estafas, es toda una escuela de economía de mercado.

    Miguel Juan Sebastián de seguro a sus nietos, le contara de las hazañas delictivas de la familia.

    En los documento de la CIA, remiten a la estafa perpetrada por la Cooperativa de Ahorro y Préstamo La Familia. El documento atribuye la autoría intelectual a Jaime Guzmán Errázuriz y José Piñera Echenique.

    En  la triangulación de empresas y lavado de activos por 85 millones de dólares, en relación con el Banco de Talca. Aparece una glosa a la constructora Socofer, de Luis Fernández Drey. Su destino el diario El mercurio…Con el recurso de amparo se logró evitar que la justicia investigará y sancionará.

    Pero de mayor interés es la que remite a la Fundación Azul, operada por Ernesto Silva Baffalluy, por entonces gerente general de ENAP. Del críptico lenguaje del documento de inteligencia, se desprende que se trataba de un mecanismo para desviar fondos de empresas hacia medios de comunicación.

     Un listado de empresas ficticias constituidas para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”. El documento atribuye la autoría intelectual de esa asociación ilícita a José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique.
    Agrega que en virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que “utilizaban beneficios que otorgaba el Banco central de Chile para sus exportadores”. Entre las empresas, menciona a Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras. Y entre los ejecutivos y controladores de las empresas de esta asociación ilícita, aparecen mencionados José Concha, Susana Tonda, Patricio Barros, Antonio Krell, Joaquín Cordua, Eugenio Mandiola, Miguel Calaf, Herman Chadwick Piñera, Emiliano Figueroa, Alberto Danioni, Manuel Cruzat y Fabio Valdés. En conexión con el lavado de activos, aparecen mencionadas Calaf S.A.C.I., Lan Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS.

    En la práctica, varios de los nombres mencionados hasta aquí en el documento de la CIA, aparecen en la escritura de constitución de la Sociedad de Inversiones Infinco Ltda., publicada en el Diario Oficial el 28 de julio de 1980:
    Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Carlos Alberto Massad Abud, Antonio Krell Rosenfeld, Joaquín Cordua Sommer, Rafael Barahona Soto, Hugo Juan Bautista Zunino Zunino y Patricio Eduardo Barros Fiegehen. Como administrador aparece Eugenio Mandiola. Una crónica de revista Que Pasa, del 3 de diciembre de 2005, señala que Sebastián Piñera llegó a Infinco en reemplazo de su hermano José, al ser éste designado Ministro del Trabajo de Pinochet.

    En leclaración judicial de Sebastán Piñera ante el juez Luis Correa Bulio, en el marco de la investigación por la quiebra fraudeulenta del Banco de Talca: “Cuando trabajaba en el Banco de Talca, dos personas que habían trabajado conmigo en Infinco, los señores Eugenio Mandiola y Patricio Barros, me convidaron a suscribir acciones de Industria del Acero Indac, adquiriendo acciones por un monto cercano al 6%”. 

    Miguel Calaf y Alberto Danioni, piezas claves junto con Sebastián Piñera, de la asociación ilícita para defraudar al Banco de Talca, estuvieron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel por el magistrado Correa Bulo, sentencia ratificada en todas las instancias por las cortes superiores, incluido el recurso de casación. 

    En la recopilación de antecedentes de inteligencia identificada como Was/WDC/3215, aparentemente el número de identificación del dossier Piñera, tiene la virtud de desmentir en forma simultánea las dos afirmaciones de Piñera señaladas al inicio, en cuanto a que siempre fue un opositor a la dictadura y que la Corte Suprema decretó su total inocencia en el caso del Banco de Talca.
    De acuerdo con el número 1 del documento, el Jefe de la CIA en Santiago informa de la reunión que sostuvo el Ministro Consejero para Asuntos Latinoamericanos, George Jones, con José Piñera Carvallo, padre de Sebastián y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera.
    El número 2 informa que en dicha reunión se estableció una “acción de contrainteligencia”, eufemísticamente denominada “neutralización”, consistente en sacar del país a Sebastián Piñera y su trasladado vía Argentina y México.
    El documento agrega que esa “colaboración” fue ordenada por Aguila 1, denominación en clave que designa al Embajador de Estados Unidos en Santiago, cargo que en ese entonces desempeñaba el conservador James Theberge, y que para ella se recurrió a Fernando Quijano.
    Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascitas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, MSIA, y la Unión Nacional Sinarquista.
    El artículo Anatomía de una Operación de Inteligencia Fascista, firmado p or William F. Wertz, publicado el 4 de febrero de 2005 en la revista del Instituto Schiller, señala:
    “Entre 1985 y 1987 Quijano empezó a trabajar con Néstor Sánchez. Desde 1963 Sánchez estuvo implicado en el complot de la CIA conocido como la Operación Mongoose, para asesinar a Fidel Castro de Cuba. De 1965 a 1967 fue jefe de la estación de la CIA en Guatemala, donde colaboró con los escuadrones de la muerte. En los 1970, cuando Pinochet subió al poder y lanzó la Operación Cóndor de genocidio por todo el Cono Sur de Sudamérica, Sánchez se convirtió en jefe de la división para América Latina de la Dirección de Operaciones de la CIA, y luego en los 1980, durante lo del Irán–contra, en subsecretario auxiliar adjunto de Defensa para Asuntos Interamericanos, asignado al equipo del Consejo de Seguridad Nacional”.
    El número 3 del documento, informa de una reunión “con nuestros colaboradores” de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
    El número 4 revela una reunión con el entonces Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en la que se establece la “neutralización” y la “operación de apoyo Uila” con colaboración y apoyo logístico de Fernando Quijano, José Piñera Carvallo y Herman Chadwick Piñera.

    El ex presidente toda su fortuna, según su esposa Cecilia del mal gusto referirse a ella, ha sido lograda en base a la práctica del fraude y engaño. 

    Los números de rol 428-82 y 430-82, corresponden a los recursos de amparo presentados por Sebastián Piñera, Carlos Massad y Emiliano Figueroa en contra de la resolución del juez Luis Correa Bulo, que los encargó reos como autores del delito de Defraudación al Banco de Talca y otros ilícitos.
    El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del Ministro Enrique Zurita.
    El voto de mayoría estableció que “el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal”.
    El origen de la trama remonta al 2 de noviembre de 1981, fecha en que el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debido a que se encontraba en estado cesación de pagos, con una deuda con el Banco Central cercana a los 40 millones de dólares. La causa rol Nº 99.971-6, del 20 de mayo de 1982, fue iniciada por una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, contra los socios controladores y quienes resultaran responsables de los ilícitos que precipitaron la intervención y posterior liquidación del banco.
    Detalles pormenorizados del proceso, que dicho sea de paso, se encuentra desaparecido desde el Archivo Judicial, fueron suministrados por el diario La Nación el 19 de abril pasado. Entre esos antecedentes, conviene citar los siguientes:
    “Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban 250 millones de dólares. En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo Pero había más. Las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación judicial, los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía. Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978. Según informó la prensa de la época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores. Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe del auditor Iván Goic”.

     La investigación judicial dio por establecido un préstamo de 11,7 millones de dólares concedido por el banco a Río Claro, una de las sociedades ficticias mencionadas en el documento, y la constitución de las sociedades-pantalla Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y Forestal Los Lirios.
    Entre los antecedentes tenidos a la vista para resolver el auto de procesamiento, en septiembre de 1982, el juez instructor consideró las propias declaraciones de Piñera en el proceso:
    “Los créditos otorgados por el Banco de Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos distintos a la solicitud de crédito (…). Por lo anterior, no estoy en conocimiento que el crédito de 11 millones y fracción a la empresa Río Claro haya sido prestado a terceros para comprar acciones del banco, ni tampoco recuerdo esta operación en particular, la cual se produjo días antes de mi alejamiento del banco”.
    Sin embargo, Miguel Calaf y Alberto Danioni declararon que se encontraban fuera del país al momento de ser el cuestionado crédito y que la operación fue realizada por Sebastián Piñera.
    Sobre las cuatro sociedades mencionadas, Patricio Roa, uno de los constituyentes, declaró:
    “En el mes de junio (de 1980), no recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté el cargo ofrecido”.
    A su turno, la declaración judicial de Alberto Danioni señala: “estas cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación”.
    Sebastián Piñera, declaró: “reconozco haber estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital”.
    Piñera fue sacado al exterior vía Argentina, con destino México, muestras se tramitará el recurso de amparo. 

      En la reunión que en carácter de “reservado” sostuvieron el Embajador de los Estados Unidos en Chile, James Theberge, y el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en una fecha que se puede establecer entre el 8 y el 19 de septiembre de 1982.
    El 20 de dichos mes, una sala de la Corte Suprema, presidida por el Ministro Rafael Retamal, los ministros Emilio Ulloa y Carlos Letelier y los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el recurso de amparo que dejó a Sebastián Piñera fuera del proceso, lo que no significa en modo alguno que haya acreditado su “total inocencia”, como pretende.

    La CIA protegió al hijo de uno de los principales colaboradores. En los documentos desclasificados, se hace mención a Piñera y el interés de Norteamérica. documento, que tiene la denominación Was/DC/SECRET-2897/ Eyes Only, y registra entradas de información los años 1975, 84, 86, 99 y 2001.

    Esa condición aparece corroborada en otro documento, el informe Was/WDC 7056, del 2 de mayo de 1986, que revela “fondos entregados a través de AMCO a colaboradores e informantes según descripción de claves de acceso autorizadas”. Entre ellos, figuran Orlando Sáenz, Pedro Ibáñez, Felipe Amunategui, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, León Vilarín, Andrés Zaldívar, Juan Hamilton, Enrique Krauss, Rafael Moreno, Juan de Dios Carmona y José Piñera Carvallo, entre otros.

    En lo  relativo a triangulaciones de activos relacionadas con El Mercurio, establece que entre los años 1980 y 1984, en el contexto de la crisis económica precipitada por la quiebra generalizada de la banca y la debacle de los principales grupos económicos del país, el entorno inmediato de Pinochet, mediante una maniobra que el documento atribuye a José Piñera y Jaime Guzmán, fue informado del alza del dólar, que a la sazón se encontraba tozudamente fijado en 39 pesos por el Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, y que Pinochet, en cadena de televisión, había jurado mantener, aún por sobre su cadáver…hasta que en junio de 1982, en un solo día, el peso se devaluó a 46 por dólar, y en agosto se decretó la libertad cambiaria que prevalece hasta hoy.
    El documento agrega que el propósito de esa información apuntaba a beneficiar al núcleo más cercano a Pinochet, y que para ese efecto y “poder blanquear una suma cercana a los 120 millones de dólares”, se le otorgaron créditos a El Mercurio, a través del Banco del Estado.
    Entre los colaboradores directos de Pinochet que se habrían beneficiado con la información, el documento menciona a Enrique Montero Marx, Sergio de Castro, Hernán Cubillos, Alfonso Márquez de la Plata, Jovino Novoa, José Piñera Echenique, Alvaro Bardón, Joaquín Lavín, Carlos Cáceres, Jorge Ballerino, Jaime Lepe, Pablo Longueira, Ambrosio Rodríguez, Jorge Selume y Oscar Aitken, entre otros.
    La gentileza de Pinochet encontró reciprocidad, en la medida en que la investigación sobre el Banco Riggs determinó que el general abrió cuentas en el Banco de Talca, bajo el seudónimo José Ramón Ugarte.

    El documento establece que esa asociación ilícita defraudó al banco en 240 millones de dólares, y entrega un antecedente desconocido. En el origen del lucrativo negocio de las tarjetas de crédito, al que la leyenda urbana le atribuye el génesis de la fortuna de Sebastián Piñera, habrían estado en realidad José Piñera y el Embajador y Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos.

    Enseguida, el documento entrega antecedentes adicionales sobre las medidas de protección dispensadas a Sebastián Piñera. Señala que por orden del entonces Director de Investigaciones, Fernando Paredes Pizarro, “se establece un anillo de protección a esta operación y sus miembros”, y que en realidad, se trasladó al extranjero y se protegió por aproximadamente 45 días a Sebastián Piñera, para “evitar su arresto y detención”.

    Este acápite del documento concluye que la asociación ilícita comprendía tres fases: lavado de activos, acceso a grandes capitales en dólares y apropiación, por vía de la ingeniería financiera relatada, del control accionario del Banco de Talca, lo cual consiguió en un 80%.

    Loss documentos de la CIA muestran una élite político-empresarial que, montada sobre los hombros del general Pinochet, utilizó para su beneficio el vasto arsenal de recursos que otorga el control del aparato del Estado, y que en virtud de ello, obtuvo cuantiosas prebendas, sinecuras y posiciones de preeminencia, para sus negocios usando información privilegiada y el defraudar parte de su filosofía de mercado.