Chile el horror de las torturas sexuales en los años de la dictadura


 

Armando Romero

Cuatro mujeres que fueron víctimas de violaciones y vejaciones sexuales como prisioneras políticas tras el golpe militar, presentaron una denuncia que busca que se conozcan las aberraciones cometidas por agentes del Estado chileno, que ha permanecido oculta a la opinión pública, como consecuencia de décadas de temor, vergüenza y el pacto de silencio entre los militares y la clase política…la misma que está siendo cuestionada por la ciudadanía, que manifiesta un rechazó sobre el 53% de la población.

Las querellas fueron iniciadas en mayo y esta semana las mujeres rindieron su testimonio ante el juez Mario Carroza. Las mujeres pudieron presentar su denuncia y rendir sus testimonios pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás porque Chile suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban al elevarlos a la categoría de crímenes de lesa humanidad.

“Exigimos que el gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, tiene que cambiar las leyes, tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)”, dijo Nieves Ayress, una de las querellantes, que en 1974 fue detenida junto con su padre y su hermano. Fue liberada en 1976 y obligada a exiliarse.clip_image002

Las mujeres también buscan que se reforme el Código Penal chileno, que data de 1874, y que no contempla como delito la tortura ni la violencia sexual de carácter político. Bajo esa legislación, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos se juzgaron como otros tipos penales que contemplan penas menores.

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Ayress declaró el lunes ante el juez Carroza. Tiene 66 años, es educadora y activista comunitaria y vive en Nueva York. Al día siguiente, fue sometida a un extenso peritaje psiquiátrico y sicológico para establecer las huellas psíquicas de la violencia política sexual.

Más tarde, médicos del Servicio Médico Legal examinaron si hay huellas físicas que hayan dejado las violaciones sexuales aunque no exista evidencia clave como rastros de ADN.

clip_image006Las mujeres alegan que la tortura sexual tiene un componente de género, que las maltrataban más por ser mujeres y les decían “perras”, anulando su calidad de ser humano, de “maracas” (prostitutas), denigrándolas, y las violaban reiteradamente hombres y animales, introduciéndoles además objetos en la vagina y el ano, lo que convierte estas acciones en violencia política sexual…una práctica aprendida en los cursos de instrucción impartido por La Escuela Las Américas por EE.UU a los oficiales de las FF.AA chilenas.

“Me metieron ratas por la vagina, me violaron perros, me colgaban”, sostuvo. Agregó que sus captores la amarraban desnuda junto a su padre y su hermano, quien por entonces tenía 15 años, y le decían que su padre la violaría.

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“Hacían una fila de militares y me obligaban a hacer contacto oral con todos ellos y eyaculaban en mi cuerpo y me bañaban de semen”, relató. “Me cortaron el vientre con un yatagán (un cuchillo corvo)” y también le hicieron tajos con hojas de afeitar en “los senos y nos ponían adentro los cables eléctricos y alcohol”.

El padre y el hermano de Ayress salieron libres y partieron al exilio unos seis meses antes que ella. La madre se quedó en Chile hasta que ella fue expulsada del país y ambas se fueron también a Italia.

Las otras tres querellantes, Carmen Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, también relataron al juez las torturas sexuales durante sus detenciones.

La demanda incluía inicialmente a varios hombres que presuntamente fueron violados, quienes luego desistieron de seguir adelante con el caso.

“A los hombres se les hace más difícil todavía reconocer la condición de violados en los procesos de tortura”, dijo Cristián Castillo, dirigente del Campo Por la Paz Villa Grimaldi, organización defensora de los derechos humanos que funciona en el que fuera uno de los más terroríficos centros de tortura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Castillo afirmó que no le “cabe la menor duda de que podrían aparecer nuevos casos de torturadores y violadores con las declaraciones de compañeras que específicamente denuncian este delito de lesa humanidad como es la violación sexual”.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, que recogió los testimonios de miles de torturados durante la dictadura, dijo que casi todas las 3.399 mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fueron violadas durante su detención…testimonios que el ex presidente Ricardo Lagos resguardo bajo una ley se secreto, con la finalidad de que no pudieran ser usados en contra los torturadores en los tribunales.

En 1993 los organismos internacionales comenzaron a clasificar las violaciones cometidas durante un conflicto interno como crímenes de lesa humanidad. Esa figura legal fue adoptada durante juicios relacionados con lo ocurrido en Yugoslavia llevados a cabo en el Tribunal Penal Internacional.

Carroza afirmó que “los tratos inhumanos, degradantes, los cuales eran considerados como un concepto general, pero que tal vez no recibían el nombre de tortura…deben ser considerados dentro de lo que es el concepto internacional (de tortura)”.

Las cuatro querellantes dicen que, de no ser individualizados los autores de las violaciones y torturas, responsabilizarán al Estado chileno porque los agentes represivos eran funcionarios del Estado.

Ayress dijo que no vio a sus torturadores pero sí al coronel Manuel Contreras quien ordenaba que la torturaran. “Las otras compañeras que estuvieron presas conmigo vieron a los torturadores”, aseguró.

Otra ex presa política, Leila Pérez, 57 años, dijo que estuvo detenida algunos días tras el golpe y que en octubre de 1975 fue nuevamente arrestada y llevada a Villa Grimaldi. “Vi a las personas que me agredieron, me torturaron y (aplicaron la) violencia política sexual”, presento por ahora solo una querella por tortura, señaló que espera interponer otra por violencia política sexual. Sobre sus violadores, señaló que “algunos están involucrados en la querella por tortura, pero hay otros que no lo están”.

Ayress sostuvo que “hay cientos de militares que están pasando inadvertidos” y que a más de 40 años del golpe militar “la gente está empezando a hablar y a perder el miedo, pero es difícil”.

“Es difícil porque el apremio, la tortura y todo lo que hicieron los militares es tan violento, que hasta ahora (han pasado) tres generaciones y la gente tiene miedo”, manifestó Ayress, quien exhortó a otras víctimas de torturas sexuales a que se atrevan a salir a la luz y contarle lo que les pasó a su entorno y a la justicia.

Las denuncias no son fáciles de comprobar porque el tiempo pasado ha eliminado la mayor parte de la evidencia y los militares no hablan.

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dijo en agosto que un grupo grande de militares condenados por violaciones a los derechos humanos se cuida de no involucrar a otros oficiales en crímenes de lesa humanidad. “Si eso significa un pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos”, expresó.

clip_image010 Se espera que Michelle Bachelet reabra los casos de las víctimas sobrevivientes de la dictadura de Pinochet quienes fueron torturadas sexualmente por funcionarios del Estado, a pesar que en el exterior la mandataria, ha hecho uso de su condición de ex presa política, en su anterior mandato mantuvo cierta distancia de estos temas no resueltos de violaciones a los derechos humanos, siendo ministra de salud y posteriormente Presidenta de Chile, ha mantenido y limitado los recursos e infraestructura para el programa PRAIS, que lejos de cumplir con el rol del Estado en la reparación y atención integrar de salud a las víctimas de las torturas y prisión política, en la práctica es un programa dentro de la atención a indigentes y cumple la función administrativa y estadística de los beneficiarios.

La dictadura del general Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos presos políticos, torturados y 3.095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel en un penal especial.

El Estado de Chile ha promulgado leyes relacionadas con las violaciones a los DD.HH las cuales están lejos de cumplir con las obligaciones de reparación integral. Más pareciese primar la lógica perversa del paso de los años, las secuelas de las torturas recibidas, la falta de políticas de Estado para la atención médica oportuna, son parte de esos temas pendientes.

La denominada Ley Valech si bien reconoció los crímenes cometidos por el Estado de Chile, está lejos de ser una Ley integral de reparación.-

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