El poder sin rendición de cuentas. El lobbismo global.


El poder sin rendición de cuentas. El lobbismo global.

Susan George, presidenta del Transnational Institute. Una de las intelectuales europeas más reconocidas por su aguda crítica a la globalización financiera

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Susan George nos habla del poder ilegítimo que ejercen en la sombra los Grupos o Corporaciones Transnacionales (TNC), al margen de cualquier control. Secuestran la democracia y la infectan de ideología y política neoliberales, en beneficio de sus intereses económicos. Poco a poco, cada vez más, la toma de decisiones importantes que afectan a nuestras vidas, va pasando de gobiernos electos a organizaciones corporativas carentes de legitimidad, que actúan entre bastidores. Es el poder del lobbismo, cuya práctica resulta opaca, envuelta por el velo del secreto. Solo en Bruselas hay entre 15.000 y 20.000 lobbistas. Además de las formas que adopta el lobbismo clásico, Susan George considera también el papel ejercido por “institutos”, “fundaciones”, “centros”, “consejos” o “councils”, financiados por las grandes corporaciones para conseguir imponer o derogar leyes en función de sus intereses, y para crear estados de opinión pública favorables.

El artículo de Susan George nos hace reflexionar sobre hasta qué punto lo que existe en la actualidad es una “democracia”. La fórmula constitucional del gobierno “del pueblo por y para el pueblo” ha sido transformada por aquella otra de un gobierno “de las corporaciones por y para las corporaciones”. En una entrevista publicada hace unos meses en el diario Público,  la autora exponía el lúgubre destino que nos espera si no somos capaces de cambiar las cosas:  

Está claro que van a por la democracia, a por los derechos humanos, a por todo lo que los trabajadores han conseguido. Va a ser un fascismo moderado o duro. Ahí es adonde nos quieren llevar si es necesario y si nosotros se lo permitimos.

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Hay poderes que actúan bajo formas que no quedan sometidas a ningún deber de rendición de cuentas, sobre cuyas actividades nadie debe reportar y que son muy difíciles de descubrir, por lo que resulta complicado  ponerles coto. Y este poder ilegítimo, que a menudo se presenta de modo subliminal, es difícil de captar. No se le llama ‘poder’, no se obtiene en virtud de unos acuerdos formales, por lo que tampoco es percibido como la supresión o subyugación por aquellos que queden sometidos a él, sea consciente o inconscientemente. Este poder ilegítimo al que aquí acuso, no se refiere a tiranías, dictaduras, sistemas autoritarios unitarios, a lugartenientes africanos ni nada por el estilo. A continuación hablaré del poder de los grupos muy grandes que, conforme al uso de las Naciones Unidas,  prefiero llamar TNC (por sus siglas en inglés, Grupos o Corporaciones  Transnacionales) antes que MNC (Grupos o Corporaciones “Multinacionales”).  [NT1]
La lista de ejemplos en los que el poder es ejercido de modo ilegítimo no para de crecer, y podría incluso ser más larga de lo que aquí expongo. Pero aun así espero poder documentar cómo el poder corporativo ilegítimo de las TNC está ganando terreno en los diversos ámbitos y niveles gubernamentales, incluida la esfera internacional;  una evolución que causa estragos a la democracia y que es capaz de transformar nuestros países, nuestra vida diaria, y de modo especialmente impactante si vivimos en democracias occidentales. [1]
Es un hecho, empíricamente documentado, que el ejercicio ilegítimo del poder está creciendo y que poco a poco la/s democracia/s vienen a sucumbir a la infección que supone la ideología neoliberal. Son cada vez más las funciones legítimas de gobierno que pasan a manos de actores y/o organizaciones no transparentes, no legitimados ni elegidos. Y este fenómeno se está produciendo a todos los niveles nacionales, regionales e internacionales.
Empecemos por la forma más simple, el origen de la interferencia empresarial, el llamado Common o Garden Lobbying, que recibe este nombre por la práctica lobbista de la británica Cámara de los Comunes, donde solían pulular personas con unos intereses muy específicos y con unos sobres bien repletos en la mano, para imponérselos a los diputados entrantes o salientes.

La ofensiva de los TNC.

Esta praxis ya lleva siglos existiendo y hoy en día forman parte de ella los representantes no elegidos que pisan el parqué político como si fuese lo más natural del mundo. Se conocen el terreno al dedillo presentándose como actores cuasi legítimos. Sus oficinas ocupan barrios enteros en Washington (v. gr. K Street), o en Bruselas, el Barrio de la UE. En muchos casos han entrado por la ‘puerta giratoria’, por lo que saben mejor que nadie tras su carrera política a quién hay que contactar y cómo disuadir a determinado comisario o parlamentario. Han venido refinando sus métodos, se les remunera mejor de nunca y pueden acreditar resultados notables. Y es que el lobbismo sale rentable: de una investigación de la Sunlight Foundation en los EEUU, se desprende que las empresas norteamericanas que habían invertido en actividades de lobby o de presión pagaban menos impuestos en comparación con otras.

En EEUU al menos los lobbistas deben registrar su actividad inscribiéndose en un registro del Congreso y revelar sus ingresos y  por quién/es son pagados. El registro en Bruselas, a cambio, es “voluntario”, una auténtica broma si tenemos en cuenta que en el entorno de las instituciones europeas andan pululando entre 15.000 a 20.000 lobbistas que a diario vienen a machacar al personal de la Comisión y a los parlamentarios. Se refiere que algunos periodistas amarillistas británicos en alguna ocasión habían logrado que unos parlamentarios del este de Europa aceptasen sobornos so pretexto de querer comprar sus respectivos votos. Cuando resultó que se despertaba la atención del público, los parlamentarios no sabían cómo salir por pies. 

Temiendo ya por su reputación, el Parlamento Europeo en su última legislatura solicitó a su Presidente Martin Schulz que convocara un grupo de trabajo para revisar a fondo el totalmente obsoleto Registro Europeo de Transparencia. A mediados del año 2012 este registro quedó real y formalmente constituido, pero desde entonces sin actividad alguna. El por qué de esta inactividad sí se hizo transparente al revelar el semanario alemán Der Spiegel, en octubre de 2013, que el presidente de este grupo, el político demócratacristiano  alemán Rainer Wieland, parlamentario del PE y socio de un bufete de abogados en Bruselas, se dedicaba paralelamente al lobbismo. El trabajo del lobbismo en Bruselas, ya no comprende solamente las Relaciones Públicas. La ciudad se encuentra prácticamente repleta de bufetes de abogados, que ingenian proyectos de ley y estrategias favorables para sus clientes. Y se entiende que estas empresas rehuyen el registro de transparencia como las que más. Y no sorprende que Wieland no hiciera nada para hacerlas cambiar de opinión.
En estos momentos queda por ver cuáles serán las conclusiones que Martin Schulz sacará de estas experiencias. Las que sí quedan cada vez más evidentes, son las dudosas y ridículas maquinaciones de la Comisión y sus estados miembros. El velo del secreto que aún envuelve las prácticas lobbistas, se vuelve más y más engañoso. A algunas de las empresas que se habían registrado, se les pudo demostrar que habían INFRAvalorado sus actividades e ingresos por el factor 10. Como dicen los franceses “Le ridicule tue”… el ridículo mata. Tan sólo cabe esperar que el registro de los lobbistas pronto deje de ser objeto de burlas.

El lobbismo, un sector creciente.

Menos conocidos que el trabajo lobbista de los diversos TNC, resulta ser el de los “institutos”, “fundaciones”, “centros”, “consejos” o “councils” en torno a los diversos grupos o equipos de proyecto y cuyo número crece rápidamente. Suelen tener su sede en Washington, pero también operan globalmente. Por encargo de los TNC, se dedican a concebir nuevas leyes, a derogar regulaciones legales contrarias a sus intereses. Con tal propósito vienen a justificar bebidas alcohólicas, tabaco, comida basura, productos químicos y farmacéuticos, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. A diferencia de los lobbistas clásicos, se sirven a menudo de armas ideológicas contratando a científicos serviles y maleables, que nunca descubrirán ningún caso manifiesto de conflicto de intereses; los hacen redactar sus “investigaciones” o artículos de corte científico-popular o divulgativo con el fin de confundir e inquietar al público, incluso con respecto a los conocimientos científicos ya probados y fundados. Vienen a polemizar que ciertos resultados científicos son “controvertidos”, aun cuando en realidad no lo son o cuando el supuesto debate lo iniciaran los lobbistas mismos de manera artificial. [2]

Las instituciones lobbistas convocan supuestos movimientos de raíz e iniciativas ciudadanas con el fin de esgrimir ciertos productos e ideas. En no pocas ocasiones afirman que el “libre albedrío” de los consumidores corre peligro ante un “Estado que pretende tutelarlos”, intentando decidir en su nombre. Para justificar o rechazar determinadas medidas entran a lanzar peticiones y reunir firmas que, revisadas detenidamente, provienen de los mismos empleados de la empresa en cuestión que, a su vez, se ven forzados a firmar para no perder su empleo. De este modo, aplican técnicas de intimidación del estilo “esta ley irá a aumentar los gastos de producción y , por tanto, los precios y/o conllevan la pérdida de puestos de trabajo”. También saben muy bien cómo elaborar ciertos temas para que pasen como auténticas “noticias”, aun cuando en el fondo se trate de mera propaganda.

De esta manera, el Center for Consumer Freedom (Centro para la libertad del consumidor), bajo la dirección del versado gurú Richard Berman, logró suspender durante años las disposiciones sobre fumar en espacios públicos. El mismo Berman también se empleaba en favor de los fabricantes de bebidas alcohólicas y de comida basura, y por encargo de los TNC concebía campañas contra los sindicatos. Los que niegan el cambio climático suelen proceder del mismo modo. Una de sus organizaciones, financiada por la industria del automóvil y del petróleo, una vez fracasada la conferencia de las Naciones Unidas en Copenhague sobre el cambio climático, incluso divulgó en su página web que esta conferencia se iba a disolver por haber cumplido ya su propósito. No se puede decir que esta gente no haya alcanzado hasta cierto punto lo que se proponía, basta que veamos que el cambio climático recibe en los medios mucha menos atención, al menos en EEUU, que antes de 2009. [3]

El triunfo de la banca y de los servicios financieros.

En este sector se observa una tendencia similar. Desde mediados de los años ’90, los mayores TNC norteamericanos de los sectores bancario, crediticio, asegurador y de contabilidad (accounting) se han venido juntando para librarse, con la ayuda que 3.000 profesionales contratados con este fin y gastándose 5.000 millones de US$, de las leyes del New Deal [NT2] que Roosevelt había decretado en los años ’30, precisamente aquellas leyes que habían venido protegiendo a la economía estadounidense durante seis décadas. Esta colectiva hazaña lobbista les proporcionó la ilimitada libertad de borrar de sus balances todas las partidas que habían arrojado pérdidas, trasladándolas a las cuentas de unos bancos fantasmas. Alcanzaron la libertad de inventarse y vender  derivados tóxicos por el valor nominal de cientos de miles de millones US$, lotes enteros de hipotecas podridas, por ejemplo, sin quedar sometidos a regulación alguna.

Como todos sabemos, las consecuencias eran nefastas. Pero la democracia no se implicó ni ofrecía soluciones. De esta manera, son ya 10 millones las familias que desde 2007 han perdido sus casas en EEUU. Y todas ellas no ignoran que era el banco o la empresa hipotecaria que les había quitado su casa poniéndolos en la calle. Pero la mayoría ignora cómo se había producido la crisis y por qué el Congreso no hizo nada para impedirla o, al menos, paliarla una vez que estalló. Si bien hubo algunas iniciativas legislativas con el fin de ayudar a la gente perjudicada para que se pudiera quedar en sus casas, ninguna de estas iniciativas se ha podido realizar. Es de lamentar que tampoco hubiera ninguna organización colectiva que en defensa de estas personas sin hogar pudiera ejercer presión alguna para que los políticos actuasen.

El siguiente gran Crash.

Mientras tanto, los bancos y los inversores pueden continuar como venían haciendo. Poco o nada ha cambiado desde la caída de Lehman Brothers para volver a regular el sistema financiero. Al contrario, el comercio de los derivados ya supone unas ventas diarias  alrededor de 2,3 billones (2.300.000.000.000) US$, un tercio más que antes de la crisis. El ultra-rápido Flash Trading, que facilita las operaciones en divisas que se realiza íntegramente por ordenador y mediante algoritmos, alcanza incluso un 50 por cien más que antes de la crisis. Esta actitud del laissez-faire de la industria financiera ya viene a atizar las brasas de la crisis siguiente que será con toda seguridad peor que la anterior. 

De hecho, ya queda matemáticamente comprobado que lo peor aún está por llegar y que los TNC ya están incubando una nueva. Tres matemáticos del Instituto Politécnico de la Escuela Superior Técnica de Zurich, especializados en la Teoría de la Complejidad, han presentado un notable estudio titulado “The Network of Global Corporate Control”, algo así como la Red del Control Corporativo Global, que traza las interrelaciones de miles de corporaciones transnacionales; a partir de los datos relativos a 43.000 empresas proceden a concretar paso a paso las respectivas interrelaciones de participación y propiedad. De ello resulta un “grupo nuclear” de 147 empresas, que controlan el 40 por cien del valor económico total de todas las empresas registradas. El gráfico se parece al cielo nocturno cartografiado con sus galaxias poco iluminadas y sus estrellas brillantes, pero también con unas supernovas. Las conexiones trazan las uniones de docenas de estrellas cartografiadas. Para poder contar entre el grupo nuclear, una empresa tiene que tener al menos 20 conexiones.

La chocante conclusión de estos matemáticos [4] se encuentra en el anexo a su estudio donde vemos listadas las empresas más estrechamente entrelazadas/vinculadas/interdependientes que representan lo que los investigadores llaman Knife-Edge Property (aquella parte de la propiedad que se balancea sobre el filo de la navaja), ya que su alta interdependencia también conlleva a que sean “vulnerables a los riesgos sistémicos”; lo cual significa, a su vez: “Mientras la red parece sólida en tiempos de bonanza, estas empresas, simultáneamente, vienen a correr peligro en tiempos de crisis”. En el listado de Zurich, de las 50 empresas interrelacionadas de modo más estrecho y, por tanto, más expuestas al riesgo, 48 son bancos, Hedgefonds u otras entidades financieras. Dicho de otro modo, el siguiente gran crash es sólo cuestión de (muy poco) tiempo, no por último por el éxito que están teniendo los TNC.

La próxima gran crisis ya viene iniciada principalmente desde Bruselas. Allí se reúnen a diario docenas de cargos directivos de los TNC conformando ‘comités de expertos’ con funcionarios de la Comisión – y todo ello prácticamente sin que nadie intervenga por parte de las organizaciones del medio ambiente ni de las llamadas watchdog (de vigilancia). Estos comités vienen encargados para elaborar detallados proyectos de ley para cualquier ámbito político que cabe pensar.

Por encima de miríadas de estos ‘grupos de expertos’, aunque perfectamente compatibles con ellos, se encuentra el International Accounting Standards Board [IASB], la Oficina Internacional de Normas Contables, cuya existencia sin duda alguna es desconocida por el 99% de la ciudadanía europea. Esta oficina debe su existencia a un gremio que la UE creara antes de quedar ampliada a 27 estados miembros. Enfrentado a la pesadilla de tenérselas que ver con 27 mercados de valores diferentes y con otras tantas normas contables, el gremio buscó la ayuda de un grupo convocado ad hoc de consultores procedentes de los cuatro gigantes transnacionales en materia de contabilidad.

Durante los años siguientes, este grupo pudo mutar sigilosamente convirtiéndose en una agencia oficial, la referida IASB que, siempre contando con los talentos de los cuatro grandes, viene a dictar desde entonces las reglas para 55 estados miembros, en toda Europa y también en Australia. Su ascenso a las altas categorías oficiales las debe la IASB a los esfuerzos realizados por un comisario de la UE, el neoliberal irlandés Charlie MacCreevy, que como tantos otros consultores fue elegido a dedo. Este proceso se realizó al margen de todo control parlamentario. Y a quien osara pedir más datos se le informó que se trataba de una agencia de naturaleza ‘meramente técnica’. Y nada más aburrido que tener que ocuparse de normas y métodos contables, ¿verdad?

Pero en realidad la IASB se ha convertido ya en una institución poderosa que, entre otras cosas, trata de impedir el cierre de lagunas y paraísos fiscales  tan vitales para los TNC. Para poder cobrar impuestos de manera eficaz las autoridades nacionales de cada país deben conocer las cifras relativas a las ventas, empleos, beneficios e impuestos liquidados. Pero al día hoy los grupos de empresas transnacionales no tienen que presentar sus cuentas e informes de actividad “separados por países”, lo cual les permite presentar selectivamente, los beneficios en países de imposición baja o nula y las pérdidas en otros de imposición alta. Y pueden proceder de este modo, dado que las normas vienen prácticamente diseñadas a la medida para evitar que estos datos se divulguen.

La consecuencia: las empresas pequeñas que operen en su ámbito nacional o los hogares con domicilios nacionales, o tendrán que soportar la mayor parte de la carga impositiva o, simplemente, subsistir sin prestaciones por parte del Estado, aquellas prestaciones que se pudieron financiar con sólo aplicar una imposición justa a los TNC. Estos, en casi todo el mundo, se aprovechan del sistema, la policía y los bomberos protegen sus posesiones; su personal recibe formación en las instituciones del lugar o “emplazamiento”; recibe atención médica en los hospitales públicos y utiliza el transporte y las vías públicas. Y en nada de todo esto el grupo empresarial participa con la cotización que le pudiera corresponder, y si llega a hacerlo, su cotización se queda muy por debajo de lo que pudiéramos considerar justo.

A una consulta mía a la oficina IASB sobre si tan siquiera consideraban cambiar su sistema de rendición de cuentas pasando a reportar país por país, se me respondió muy educadamente que no tenían previsto hacer nada parecido. Y no nos debe de extrañar al ver que los cuatro gigantes corporativos cuyos empleados y amigos confeccionan las normas  perderían muchos millones de no poder seguir asesorando a sus clientes sobre cómo mejor eludir sus obligaciones fiscales. Los ciudadanos de a pie deberán seguir soportando la carga fiscal en su lugar, mientras que los paraísos fiscales, en los que los ricos, entre particulares y empresarios, pasan a esconder unos 32 billones de US$, así las estimaciones más fiables, continúan floreciendo como nunca.

TTIP-TAFTA-ATCI. El empoderamiento del sector privado.

La IASB no es el único gremio que en la UE pugna a favor de los intereses de los grupos transnacionales;  en julio de 2013 se iniciaron las negociaciones acerca de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ACTI en su siglas en español; TTIP o TAFTA en su siglas en inglés). Este acuerdo fijará la gran mayoría de las normas y reglas aplicables a la mitad de Producto Social Bruto mundial, i.e. los PIB de Estados Unidos y de Europa juntos. Se viene gestando ya desde el año 1995, momento en que los TNC más grandes a ambas orillas de Atlántico iniciaron el Diálogo de Negocio Transatlántico (TABD por sus siglas en inglés), para ir plasmando, sector por sector, todos los detalles de la práctica reguladora en cláusulas contractuales.

El Observatorio de la Europa Corporativa – CEO por sus siglas en inglés – pudo comprobar que para la preparación del acuerdo comercial con EEUU, se habían celebrado un “mínimo de 119 reuniones con grupos de presión corporativos o lobbistas a puerta cerrada”, pero “sólo unos cuantos con representantes sindicalistas y de defensa de los consumidores. Cuando en febrero de 2013 se hicieron públicas las negociaciones, aún no se había celebrado ningún encuentro con grupos comprometidos en el bienestar común, pero sí docenas de ellos con lobbistas corporativos.” [5]

Y este desequilibrio se mantiene hasta el día de hoy: entre los participantes de las actuales negociaciones sobre el TTIP destacan las Cámaras de Comercio y, en Europa, la Mesa Redonda de Industriales (ERT por sus siglas en inglés) [NT3]; en esta mesa redonda participan unos 50 miembros del sector empresarial, todos ellos administradores ejecutivos de sus respectivas empresas. La ERT “es más que un grupo de presión o de lobby” se expresó Peter Sutherland, un ex comisario de la UE, ex jefe de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ex director de la British Petroleum BP y de Goldman Sachs. “Cada miembro de la ERT tiene acceso a los más altos rangos gubernamentales”. A instancias de los gobiernos europeos, la ERT viene a aportar una parte considerable al desarrollo político. Y ahora los negociadores del TTIP se apoyan en conceptos y proyectos que el TABD, la ERT y sus colegas americanos han venido facilitando.

El Diálogo de Negocio Transatlántico TABD que había redactado el secreto texto de acuerdo pasó a llamarse más tarde Consejo Económico Transatlántico (TEC por sus siglas en inglés), considera que su cometido consiste en “desmontar medidas de regulación con el fin de empoderar el sector privado”. Y de hecho, el TTIP gira exclusivamente alrededor de esta meta que consiste en reducir la intervención del Estado en todos los ámbitos; privatizar hasta donde sea posible los servicios públicos y suprimir barreras no arancelarias; suprimir por tanto todo lo que los TNC puedan considerar “perturbador”. El TEC se considera a si mismo un “gremio político” y su director propaga no sin orgullo que “era la primera vez que un sector privado había intervenido de modo oficial en el diseño de la política común entre EEUU y la UE”.

El Contrato del TTIP que se piensa cerrar hasta 2015 comprenderá regulaciones modificadas en materia de seguridad de alimentos, productos farmacéuticos y químicos, etc. Tendrá la última palabra acerca de las propuestas sobre la estabilización financiera y concederá a los inversores un margen de libertad para retirar sin aviso previo el capital que tuviesen invertido. Podrá bloquear nuevos impuestos, como por ejemplo la tasa sobre transacciones financieras, y recortar las facultades del Estado en la reducción de emisiones peligrosas mediante disposiciones más severas. Los Estados ya no podrán dar preferencia a empresas domésticas frente a otras extranjeras (lo cual venía siendo un factor importante de toda economía moderna). Todo el proceso de las negociaciones previas se realizará a puerta cerrada y sin participación ciudadana [6].

El núcleo de todos los futuros contratos comerciales y de protección de inversión ya es aquella cláusula que les permitirá  a las empresas, demandar por daños y perjuicios a los estados soberanos, siempre y cuando consideren que una medida adoptada por un estado pueda llegar a perjudicar sus beneficios y hasta sus “perspectivas de ganancia”. Desde luego, habrá que ver cuántos litigios Investor-to-State (entre el inversor y un estado) se podrán iniciar en virtud del TTIP, si es que llega a cerrarse. No hay que olvidar que ya se encuentran interpuestas más de 560 demandas de TNC contra estados en virtud de unos acuerdos comerciales bilaterales ya ratificados, 62 de ellas en el año 2012. En al menos un tercio de estas demandas lo que se estipula en concepto de daños y perjuicios se eleva a unos 100 millones de US$ o más. Y en este caso, tampoco cabe aplicar el principio de reciprocidad, que los gobiernos pudieran demandar a su vez a las TNC en el supuesto que éstas corporaciones originaran daños para con la ciudadanía o la propiedad pública. Tampoco serán tribunales regulares los que tengan que entender en estos supuestos, sino tribunales especiales de arbitraje con sus jueces y abogados procedentes de bufetes de primer orden, desde los ámbitos privados, mayoritariamente del Reino Unido y los Estados Unidos. Estos profesionales de la abogacía suelen cobrar unos 1.000 US$ la hora, los árbitros unos 3.000 US$ la jornada. Los casos ya fallados se decidieron en su mayoría a favor de las empresas. En más de la tercera parte de los fallos recaídos se tuvieron que indemnizar sumas superiores a 100 millones de US$… de cuyo pago tienen  que responder los contribuyentes del país en cuestión [7].

Las Naciones Unidas en el punto de mira de las TNC.

Aparte de los Estados Unidos y Europa, las TNC tienen a las Naciones Unidas en el punto de mira que, a su vez, los reciben con agrado. De este modo, la ONU ya cuenta desde hace unos 15 años con una sección propia llamada “Global Compact” para las empresas, iniciada en su día por Kofi Annan y el entonces jefe de Nestlé. Para poder inscribirse como miembro, la empresa debe declarar su conformidad con 15 principios del ámbito de los derechos humanos y laborales y del medio ambiente. Y aunque se espera que las empresas presenten sus respectivos informes de actividad, la ONU no los verifica en ningún momento. A cambio, se asegura que en cada de las mayores agencias de la ONU (FAO, OMS, UNESCO) cuenten con un funcionario de alto rango que se ocupe de coordinar y facilitar su colaboración con las empresas en cuestión.

Las corporaciones pertenecientes al Global Compact, los miembros del World Business Council for Sustainable Development (el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible) y diversas otras asociaciones empresariales y cámaras de comercio, se dieron cita en el espectáculo que la ONU celebró en el verano de 2012 bajo el título Río+20. Según algunos informes, toda esta gente prácticamente se venía a apoderar de la conferencia. La parte empresarial era la delegación más numerosa, organizando el evento más grande, oportunamente titulado “Business Day”. El representante permanente de la Cámara de Comercio Internacional ante la ONU, que realmente firma como el representante de un país miembro, recibió fuertes aplausos al declarar:

“Somos (…) la delegación comercial más grande que jamás ha participado en una conferencia de la ONU. (…) La economía debe asumir el liderazgo, y así lo hacemos”.

En estos momentos, la TNC piden participar formalmente en las negociaciones de ONU sobre los cambios climáticos.

Y la cosa progresa adecuadamente, no cabe duda. La cumbre climática en noviembre de 2013 en Varsovia quedaba prácticamente hundida bajo los logotipos de corporaciones petrolíferas y mineras; de líneas aéreas como la Emirates; de fabricantes de automóviles como General Motors y BMW; esta conferencia de la ONU, bajo el título de COP 19 o 19ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático había sido la primera en invitar y recibir a las corporaciones como patrocinadores. En Polonia, la energía se obtiene entre un 80% y 90% a partir del carbón, así que el Gobierno polaco, ni corto ni perezoso,  aprovechó la ocasión para invitar a otra conferencia paralela de la World Coal Association. En ésta, Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, plasmó sus conceptos generales en un discurso que mejor no podrían esperar los TNC.

¿Quién gobierna hoy?

Cuánto más está creciendo el poder ilegítimo de las grandes corporaciones más allá de todas las fronteras, tanto más se reduce la legitimidad democrática. En una democracia, el soberano es el pueblo, el consentimiento de la ciudadanía a la que incumbe la última palabra. No sólo necesitan de representantes elegidos, sino deben tener además el derecho y la posibilidad de consentir o no las medidas que estos representantes adopten.

Y es precisamente este derecho que las TNC vienen a socavar. No se trata de un fenómeno nuevo; los gobiernos, desde siempre, se orientan por ciertos intereses de clase. Pero otra cosa bien distinta es que a estos grupos de presión se les venga a permitir dictar las leyes y dirigir la política a su antojo, en materia presupuestaria, fiscal, laboral, social y medioambiental, con lo cual se ponen en lugar de los parlamentarios elegidos y los empleados públicos. Tampoco se puede consentir que empresas privadas engañen divulgando consciente y deliberadamente mentiras y, de este modo acaben por socavar el derecho del público a conocer la verdad.

Las causas de este cambio son evidentes: la democracia no ha sabido seguir la marcha de los avances globales. En ambos niveles, el nacional y el internacional, hoy en día el poder es ejercido sin el consentimiento de los gobernantes. A los ciudadanos, se les facilita a penas los medios e instrumentos para ver y entender quién en realidad decide y qué. Los gobiernos elegidos pueden quedar castigados por su electorado, los responsables políticos pueden quedar suspendidos, pero las corporaciones empresariales ejercen su poder sin obligación de rendir cuentas. No sólo operan más allá del ámbito de todo control público, sino alcanzan además ciertos privilegios, como en EEUU la categoría jurídica de una persona física (personhood), o de un miembro casi de pleno derecho en las Naciones Unidas. 

Pero no es solamente su magnitud o su enorme patrimonio monetario o material lo que a las TNC las convierte en peligro para la democracia. Es además su alta concentración, su capacidad de influir en gobiernos electos y hasta infiltrarse en ellos; y su facultad de obrar con independencia y en calidad  de clase social a nivel internacional con el fin de anteponer sus intereses particulares al bien común.

Aquellos que buscan ejercer su poder de este modo ilegítimo, pretenden, por un lado, legitimar el nuevo sistema alternativo que quieren establecer; y por otro, pretenden liquidar los conceptos consolidados, como el del interés público, el estado del bienestar social y el bien común. De este modo, se prometen unas plusvalías de dinero y de poder corporativo, además de unas reglas hechas a medida de sus fines. Al final cabría sustituir la fórmula constitucional del gobierno “del pueblo por y para el pueblo” por aquella otra de un gobierno “de las corporaciones por y para las corporaciones”. Ninguna ciudadanía que se preocupe por la democracia podrá obviar este desarrollo impunemente.

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