Caso Security: “Rehenes del Estado


 

Por Rens Veninga Fergadiott (PIA Chile)

(Valparaíso). Este 26 de julio se realizó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso (UV), una charla informativa sobre el caso Security, ad portas de una nueva audiencia preparatoria. Expusieron el abogado Humberto Lemarie, los familiares de dos de los imputados en la causa: Karina Aliste, hermana de Juan Aliste Vega, y la madre de Freddy Fuentevilla, Dina Saá.

Foto-destacada-600x300El juez Patricio Álvarez Maldini, quien luego de cinco etapas de preparación del juicio había desestimado pruebas que la parte querellante consideraba esenciales, fue destituido y reemplazado por Carla Valeria Capella Valle, lo que significó realizar nuevamente una audiencia preparatoria, fijada esta vez para el 1º de agosto en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.

El abogado Lemarie brevemente resumió los cinco puntos que comporta el caso: -El asalto a la sucursal de banco Security en Santiago ocurrida el 18 de octubre de 2007. -El homicidio del cabo Moyano. -La gestión del fiscal militar Roberto Reveco. -La “delación” por parte de uno de los supuestos participantes del asalto: Víctor Jerez (alias “Danny de Vito”). –La asociación con otros dos asaltos perpetrados el 26 de julio en la sucursal de Banco Santander de Santiago, y el 5 de septiembre en el Banco Santander de Valparaíso.

Acusados como “autores” y recluidos desde el 2009 y 2010, “a modo de medida cautelar”, en la Cárcel de Alta Seguridad, entregados por el Estado argentino a la justicia chilena permanecen: Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda (ambos ex militantes del MAPU-Lautaro) y Freddy Fuentevilla Saá (ex militante del MIR); en tanto que otro ex lautarino imputado, Carlos Gutiérrez Quiduleo permanece en la clandestinidad.
Juan Aliste arriesga una condena de 20 años por tres asaltos, y cadena perpetua por “homicidio calificado”. Freddy Fuentevilla, 15 años por dos asaltos y cadena perpetua por “homicidio simple”. Marcelo Villarroel, en tanto, arriesga pena de 18 años por dos asaltos.

Juan y Freddy se encuentran en “prisión preventiva”. Marcelo está cumpliendo una condena anterior. Si bien no existe un plazo fijo para la medida cautelar, ésta puede prolongarse y “ser necesaria” mientras dure la investigación, que de acuerdo a la legislación chilena tiene un plazo de dos años. En este caso, producto de irregularidades y maniobras, se ha prolongado por cuatro años ante la espera del juicio. “Se cumple así con uno de los intereses del Estado chileno: mantener prisioneros a los disidentes del sistema, a los luchadores sociales, a quienes tengan un carácter subversivo”, dice el abogado. “Ya muchos conocen –agrega- las declaraciones del senador Francisco Chahuán, quien quiere otorgar el carácter de ‘terrorismo’ a personas sólo por el hecho de pensar de una manera distinta”.

Las pruebas

Perpetrado el asalto y homicidio el 17 de octubre de 2007, el caso fue traspasado a Justicia Militar, quedando en manos del fiscal militar Roberto Reveco, quien en los años 90 ya había condenado a Juan, señala su hermana: “Creo que este tipo quiere venganza contra los chicos: vienen condenando a mi hermano desde los 17 años a cadena perpetua”, añade Karina. Si bien ese mismo día tomaron a algunos detenidos reconocidos por testigos, fueron puestos en libertad. Inmediatamente tras la confesión de un detenido -Víctor Jerez (“Danny de Vito”)-, ocurrida en el Departamento de Investigaciones del OS-9, y sin presencia de abogados, lo que se entiende como delación compensada, se involucró a con sus nombres y rostros a los ex presos políticos Carlos, Marcelo y Juan, y a Freddy, hermano de un ex preso político.

En los medios de prensa circularon sus fotografías y nombres, señalándolos como “culpables del asalto al Security” y el posterior “asesinato del cabo P. Moyano”, sin mediar investigación alguna. “Nuestros familiares aparecieron en los medios como los grandes criminales de la época”, indica Karina. Es una de las principales “pruebas” que presenta la parte acusadora.

Cabe considerar que Jerez, a diferencia de los otros inculpados, no tiene ninguna vinculación política y es un “delincuente común”. Además, tuvo como abogado defensor a un ex carabinero, y recibió rebajas en sus condenas anteriores. Otro punto a destacar es que toda la “investigación” fue realizada por la Fiscalía Militar. Las pruebas y análisis vienen de Labocar o Dipolcar.

Al traspasarse el caso al Ministerio Público, éste recibió una cláusula a través de un artículo transitorio aprobado por la administración actual -propuesto por el senador Alberto Espina-: la imposibilidad de excluir las pruebas provenientes de la Fiscalía Militar. Esto significa la validación de cualquier confesión conseguida por mecanismos de amedrentamiento o tortura y la alteración de documentos; de hecho, los peritajes presentan firmas disconformes, señalan los familiares y el abogado defensor.

Exámenes científicos a restos capilares y huellas dactilares dan por resultado que no corresponden a ninguno de los acusados, quienes tampoco han sido reconocidos por testigos. A eso se suma que las declaraciones del otro carabinero presente, el cabo Abarca han sido contradictorias en las ocho ocasiones en que ha presentado testimonio.

Los videos, que también fueron proporcionados por la misma institución de Carabineros, fueron filmados con cámaras del año 2006, cuya tecnología, al no ser de alta resolución muestra imágenes pixeladas: siluetas en las que no aparecen rasgos definidos como para poder establecer una identidad. (En su momento fueron difundidos por el portal Terra y han sido retirados de la web http://noticias.terra.cl/nacional/videos/nuevas-imagenes-del-asalto-al-banco-security,20222.html).

Según los familiares, la antropóloga hace una medición muy genérica que señala el “parecido” de los acusados; no obstante, el fenotipo responde al 70% de la población chilena. Por tanto, no constituye un argumento fehaciente. Explican los familiares que contrataron los servicios profesionales de un antropólogo físico con gran experticia, dispuesto a prestar su declaración, de manera de contrarrestar las “investigaciones” emanadas de los servicios castrenses. “En las audiencias preparatorias anteriores, muchas de las pruebas que presentó la Fiscalía Militar iban siendo desechadas”, se destacó en el foro.
Es digno señalar que Freddy, Juan y Marcelo han negado desde un principio su participación en el asalto al Security, y han rechazado las “ofertas” de Fiscalía de realizar “juicios abreviados”, o declararse culpables en busca de rebajas de penas. Ellos han querido llevar adelante este juicio a pesar de todas las trabas que se les han impuesto: “Así como en la calle, rehuimos el plomo asesino y renunciamos a sus convocatorias de claudicar, resistimos a sus torturas y prisiones de turno; hoy, íntegros y dispuestos, damos junto a otr@s la batalla directa por más subversión y libertad…sólo la lucha nos hace libres”, señalan en un comunicado enviado desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

El testimonio de Dina Saá, madre de Freddy Fuentevilla Saá

DSC_0101“La persecución comienza en mi familia desde el ‘73 en adelante. Mi marido fue prisionero y también torturado; luego no encontró lugar donde poder trabajar. Cristián (hermano mayor de Freddy, militante del MIR) estuvo tres años en la Cárcel. Doce años después se reconoce ‘ausencia de responsabilidad’ y no tiene cargos. No me extraña que Freddy fuese perseguido. Hoy es la palabra nuestra contra la de ellos, pero tienen todas las de ganar: aunque nosotros no vamos a bajar los brazos ni perder las esperanzas”.

“En 2007 fuimos allanados: echaron abajo la puerta y entraron de golpe 15 personas. Esto fue muy chocante para mis dos nietos. Se llevaron cosas que nunca devolvieron y se negaron a dejarnos una constancia. Cuando los interpelé por quién iba a pagar por los atropellos y las destrucciones en la casa, la respuesta fue: “eso no es asunto nuestro”.

“En 2010 mi esposo fue secuestrado y vendado al interior de una camioneta. Esa vez no hicimos denuncia. Al año siguiente, cuando volvió a ocurrir, sí la hicimos, pero no sacamos nada con ello. No podemos esperar nada de ellos” http://www.ciudadinvisible.cl/2012/01/denuncian-secuestro-de-familiar-de-detenido-por-caso-security/

“Ahora, justo en el momento en que se prepara el juicio; justo desde ayer estoy recibiendo llamadas en mi celular: “señora Dina…”, luego dicen un par de cosas y cortan. Esto es persecución política para mí y mi familia”.

“Hay crímenes y violaciones por las cuales la gente sale libre y sin cargos. Llevamos cuatro años sin juicio. Por esto, aun así, nos da más fuerza para seguir adelante y luchar, seguir con esperanzas”.

Criminalización, politización y mediatización

Presentados los antecedentes anteriores, según los familiares, existe una mayor claridad de que se trata de un caso de persecución política. Los jóvenes detenidos han sido miembros de grupos subversivos como el MAPU-Lautaro y el MIR, que lucharon contra la dictadura de Pinochet y, luego, contra el modelo heredado en la “transición”. En la llamada “transición” uno de los acuerdos secretos entre el poder entrante -la Concertación- y los partidos de la derecha y la dictadura militar saliente fue la “eliminación de las células subversivas”. Par tal efecto, se creó la “Oficina”, al alero de la finiquitada CNI y bajo al mando de los hoy diputados Jorge Burgos y Marcelo Schilling, cuya finalidad era la destrucción del MAPU-Lautaro y la disolución de los pocos elementos insurgentes que sobrevivían en el MIR y el FPMR.

Karina Aliste comenta que “hoy en día y lamentablemente algunas fuerzas de lucha del pasado se apropian de los conceptos de ‘luchadores sociales’ y ‘presos políticos’, marginando a los ex militantes del MAPU-Lautaro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) como ‘terroristas’”. De hecho, se intentó a nivel mediático vincular el caso Security con el “caso bombas” o el de Hans Niemeyer, “apareciendo un sinnúmero de pruebas absurdas”, las que fueron rápidamente descartadas. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la prisión de Freddy, Marcelo y Juan, nunca ha sido considerada como “política”.

Si bien se esperaba que en algún momento el Ministerio Público los acusase de “asociación ilícita terrorista”, esto no ocurrió. Una de las principales razones, argumentan sus familiares, es hacerles ver como “delincuentes comunes”.
Los medios, por su parte, luego de la sobre-exposición de los retratos de los inculpados, y de la cuidadosa extradición desde Argentina, no han generado espacios para profundizar sobre el caso.

El abogado Humberto Lemarie, acota: “Para nosotros el caso real nunca ha estado en los medios tradicionales: la televisión oficial no nos da cabida, pero si da cabida a la visión institucional”. Se refiere al reportaje emitido por Megavisión en el programa del 18 de marzo de 2013 de “Mucho Gusto”, a cargo de María Luisa Godoy, que “reitera la culpabilidad de los tres detenidos sin mayor rigor en la investigación y ofreciendo imágenes recreadas”. Una semana antes de cada audiencia preparatoria “aparece en televisión la viuda del cabo Moyano llorando, y también se considera la declaración de sus familiares, quienes no fueron testigos de los hechos: a modo de apelar no a la verdad, sino a la sensiblería”.

A ojos de doña Dina, “ellos tiene el poder, las armas, el dinero: pero nosotros tenemos todos los elementos para pelear. Tenemos para rato: absueltos o condenados, debemos denunciar a tribunales internacionales de derechos humanos las violaciones a las libertades ocurridas en Chile”.

Karina hizo un “llamado a la solidaridad” y difusión de la situación carcelaria de su hermano y amigos, a los que calificó como “rehenes del estado”: “Hay muchas formas de lucha, tenemos que ser solidarios por diversas que sean nuestras formas. Los chicos hoy no están solos. Nosotros necesitamos difundir toda la información técnica: es importante que haya claridad y conocimiento del caso”. En tanto, el caso Security ha sido abandonado por los medios: las audiencias preparatorias y las irregularidades judiciales han pasado todas desapercibidas. Han coincidido con pautas noticiosas de “mayor revuelo”, como la acusación constitucional contra Harald Beyer y otras.

Hoy, ad portas de una nueva audiencia de preparación de juicio, la atención de la opinión pública gira en el circo electoral. Sus familiares y defensores temen que la situación de los tres jóvenes siga en la oscuridad e incertidumbre, completamente invisibilizada. Por ello, familiares y amigos de Freddy, Juan y Marcelo claman: “Necesitamos frenar el silencio”.

Editado por Arnaldo Pérez Guerra.

Rens Veninga F. es corresponsal de Ciudad Invisible.

 

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